- La Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, participó en el debate “Renta básica universal. ¿Pilar para la seguridad social?”, donde analizó la contribución del concepto en la política habitacional actual
- Jabnely Maldonado planteó la necesidad de repensar el sistema de acceso a la vivienda ante los rezagos estructurales y la alta informalidad laboral, así como fortalecer el papel del Estado en la garantía de derechos sociales
Ciudad de México, a 16 de abril de 2026.- La Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, participó en el debate “Renta básica universal. ¿Pilar para la seguridad social?”, realizado en el marco del Segundo Congreso Praxis en el ISSSTE: Humanismo y Justicia Social, donde planteó los alcances de este instrumento como parte de una política integral de bienestar.
En el intercambio participaron la Maestra Carmen Casas Ratia, el Maestro Mario J. Zepeda y Martínez y el Maestro Víctor M. Torres Olivares, bajo la moderación del Maestro Pablo Yanes Rizo.
Durante el encuentro, la titular del FOVISSSTE aseguró que la renta básica universal puede aportar a hacer efectivo el derecho humano a la vivienda a través de distintos mecanismos, aunque enfatizó que su impacto depende de su diseño y articulación con la política habitacional.
“Puede contribuir a los alquileres, a las hipotecas y mejoramientos con tres aspectos fundamentales: el piso de solvencia continuo para garantizar el derecho a la vivienda a la población con mayor vulnerabilidad; como habilitador de opciones habitacionales para explorar alternativas y como soporte para la producción social del hábitat por medio de la autoconstrucción”.
Jabnely Maldonado precisó que este mecanismo no sustituye la acción pública en materia habitacional, sino que puede fortalecerla al ampliar las capacidades económicas de los hogares.
“Puede ser un complemento de la política de vivienda para fortalecer la capacidad de los hogares para acceder y sostener una vivienda. Esto implica repensar la sostenibilidad del sistema contributivo que actualmente estructuran las prestaciones sociales. Eso es fundamental para garantizar ese derecho”.
En ese contexto, expuso el panorama nacional en materia de vivienda, marcado por 8.3 millones de viviendas en rezago con materiales precarios, con hacinamiento o sin servicios básicos; 49 por ciento de hogares que pertenecen a los tres primeros deciles de ingresos, y más del 55 por ciento de las personas económicamente activas que se encuentran en la informalidad laboral, lo que limita el acceso a esquemas formales de financiamiento.
“La falla en el sistema estructural es que el sistema institucional para el acceso a la vivienda estaba condicionado a la formalidad laboral. Actualmente, se implementa a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) un mecanismo para aquellas personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos y que no son derechohabientes del Infonavit o FOVISSSTE para que tengan acceso a una vivienda adecuada”.
La Vocal Ejecutiva subrayó que, además, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE recuperará su papel central en la producción de vivienda social, lo que abre nuevas posibilidades para atender a la población con mayores necesidades.
“El Estado retoma la rectoría de la construcción de la vivienda social y popular para las y los trabajadores y las familias con los menores ingresos”.
Durante el diálogo, el Maestro Mario J. Zepeda y Martínez coincidió en que la renta básica universal forma parte de un conjunto más amplio de herramientas para la protección social.
“Es un pilar para la seguridad social, pero no es el único, porque además de que las personas tengan ingresos, también se necesitan instituciones fuertes del Estado capaces de brindar servicios y satisfacer derechos como la salud, la educación y la vivienda”.
Por su parte, la Maestra Carmen Casas Ratia destacó la dimensión de derechos que implica esta propuesta desde el ámbito del trabajo social.
“La renta básica universal es un derecho, y cuando hablamos de ello la primera trampa en la que podemos caer es confundirla con la asistencia social, y la diferencia es política, pues la asistencia parte de la idea del apoyo que requieren las personas que están en vulnerabilidad y el Estado les otorga ese apoyo (…) Y la renta básica parte de la idea de que toda persona, por el solo hecho de existir, tiene derecho a una base material que le permita vivir con dignidad”.
